María Marengo, integrante de la Asamblea Maipucina por el Agua, explicó por qué llaman al estado de alerta y movilizan tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el artículo 1° de la Ley 7722
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En Mendoza, tras la intentona por derogar la Ley Guardiana del Agua en Diciembre de 2019, las masivas movilizaciones populares obligaron a dar marcha atrás a las presiones del lobby minero. Con la minera San Jorge a la cabeza, recurrieron a la justicia buscando intersticios para no resignarse en su obstinación por correr el límite legal y seguir con el extractivismo metalífero, presentando para ello un recurso ante la Justicia para declarar inconstitucional la ley. La semana pasada se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se acepta parte del planteo de la minera, esto en un contexto donde la ansiedad productivista del sector político favorece sin discriminar actividades que carecen de licencia social.
En respuesta, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMAP) llaman al estado de alerta y movilización y convocan a regresar a las calles en defensa del agua.
María Marengo, integrante de la Asamblea Maipucina por el Agua explicó los dos puntos de la sentencia y los motivos por el cual las Asambleas han llamado al estado de alerta y movilizan hoy en la capital de Mendoza y en San Rafael. Si bien en lo general la Suprema Corte avala la constitucionalidad de la Ley 7722, en su artículo 1 prohíbe expresamente "el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico", pero incluye el genérico "y otras sustancias similiares" que por "indeterminación" la Corte entiende que es inconstitucional. Sobre este punto, Marengo explica que este intersticio permitiría a las industrias mineras reemplazar las sustancias explícitamente prohibidas por la ley, por otras como el xantato, usado por ejemplo en la mina La Alumbrera de Catamarca o la poliacrilamida, sustancias tan tóxicas como las citadas en la ley.
Respecto al Valle de Uspallata, donde se encuentra el cerro San Jorge que busca explotar la minera homónima, los vecinos que integran las asambleas denuncian la postergación del pedido para crear el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas que lleva ya 20 años y aseguran que: “Ese proyecto presentado por la comunidad de Uspallata, apoyado por AMPAP y el movimiento socioambiental, permitiría un modelo productivo socialmente inclusivo y en armonía con el ambiente y los bienes comunes”. Marengo concluyó trayendo la voz de todas las asambleas que sigue diciendo: “Sin licencia social, no hay minería”.
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