La Dra. Eugenia Scarpinello denunció ante la justicia a los tres policías que están implicados en la detención de Matías Pérez y pidió apartar a la fiscal Kelm por su actuación.
Dra. Eugenia Scarpinello, por denuncia de abusos policiales contra defensor ambiental [Descargar]
Dra. Eugenia Scarpinello sobre el Habeas Corpus aceptado por Jueza Ferreyra [Descargar]
El pasado 17 de agosto, el jóven indígena de la comunidad Kamiare (Kamichingón) Isqon Killa - Nueve Lunas, fue detenido arbitrariamente durante la manifestación en defensa del Río Yuspe. Su defensora y la familia estuvieron seis horas sin saber su paradero. Luego se supo que lo tuvieron retenido en un móvil supuestamente policial pero sin identificar, esposado y sin recibir asistencia.
El opaco accionar de la Fiscalía y los abusos policiales en desalojos y detenciones ilegales movilizan abogados ambientales y exigen garantías frente al avance de obras con dudosa legalidad como las autovías de Punilla y Paravachasca.
La fiscal Paula Kelm, ya ha sido señalada por su incompetencia en el caso de femicidio de la artesana Cecilia Basaldúa, por su encubrimiento en la dudosa muerte de Jonatan Romo tras la tortura y agonía en la comisaría de La Falda, y recientemente por la instrucción para el desalojo violento e ilegal del acampe de defensores ambientales contra la autovía Punilla en Molinari, a la que se suma la detención ilegal de Pérez.
En los día posteriores a este y otros hechos, abogados ambientales presentaron un Habeas Corpus colectivo dirigido a proteger la integridad física y la libertad de defensorxs ambientales de la provincia de Córdoba, que “vienen sufriendo distintos tipos de violencia institucional, hostigamiento, amenazas, arrestos arbitrarios”. La Jueza de Control de 9ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra. Celeste Ferreyra hizo lugar al pedido el pasado 25 de agosto.
En el entender de la Dra. Scarpienllo, el Habeas Copus es un avance, ya que se dirige al Ministerio de Seguridad provincial, a la Jefa de Policía y la policía en general, pero no alcanza a las fiscalías, que han sido hasta ahora claves en la opacidad del accionar de los abusos institucionales. Por esto es que pedirán la subsanación para que se extienda la notificación también al Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que desde julio se realizaron varias movilizaciones concentradas en el Tribunal de Justicia de la capital Córdoba, para exigir el avance de las causas vinculadas a conflictos ambientales por incendios de zonas rojas de protección ambiental, obras que avanzan por fuera de la ley, y la criminalización constante de los defensores que exigen el respeto a la Constitución, alguna de las cuales llegan a tener entre 5 y hasta 20 años “cajoneadas”.
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