En el año del 50 aniversario del Golpe de estado en Chile, la impunidad sigue siendo la música de fondo para la violencia que reciben las comunidades en lucha.
Reporte de Juan Ortega, periodista de Radio JGM [Descargar]
Por Juan Ortega, periodista de Radio JGM
Paradójica ha sido la aprobación de la famosa ley 21560 Nain Retamal, que buscaba endurecer las penas a quienes ataquen a fuerzas policiales, que fue propuesta por el parlamento como solución a la crisis de seguridad levantada en la opinión pública por sectores conservadores durante el primer semestre de este año.
Este proyecto de ley, que lleva los apellidos de dos carabineros asesinados en el año 2020 y en el 2022, releva dos casos que remecieron la agenda mediática y fueron utilizados sabiamente por la clase política, desde la derecha hasta el gobierno de Gabriel Boric, para aunar un esfuerzo plausible ante la ola de inseguridad.
El nuevo marco legal ya en vigencia ha permitido rebajar las condenas de no pocos funcionarios policiales relacionados con violaciones de derechos humanos relativos al estallido social de 2019. Así parece, que el fin de esta rápida tramitación legal en el congreso, era la protección de los funcionarios policiales, pero no en el ejercicio de su trabajo, sino de las consecuencias.
Más que amedrentar el uso de la violencia por parte de elementos delictivos en contra de la policía uniformada o civil, la modificación de lo que se entiende como apremio ilegítimo realizada por el estado, y el nuevo foco impuesto en la ley, está logrando que muchos carabineros que estaban cumpliendo condenas por torturas, golpes, e incluso mutilaciones oculares puedan quedar impunes ya que ahora se considera que actuaron en defensa propia.
Ayer se conoció la noticia de que el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió este lunes de todos los cargos al funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros, Juan Felipe González Ganga, imputado en primera instancia bajo el cargo de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas, luego de disparar perdigones al rostro de un manifestante durante el Estallido en esta ciudad del sur de Chile.
En abril de este año, otros cinco carabineros de la comuna de Talagante fueron absueltos de los cargos de apremios ilegítimos contra una persona sorda, realizados en el marco de un patrullaje los días posteriores al estallido de octubre de 2019, ya que el tribunal resolvió que los policías habían estado en peligro cuando se realizó la violenta detención.
El 19 de agosto del 2022, el Tribunal Oral en Lo Penal de Angol, también región de la Araucanía, sentenció a dos carabineros a cinco años de cárcel, como autores del delito de apremios ilegítimos en contra de una víctima de la comuna de Negrete. También en abril de este año, luego de la promulgación de la ley Nain retamal, y por petición de la defensa de los uniformados, el tribunal modificó la sentencia, lo que les permitió salir en libertad de inmediato.
La semana pasada nos enteramos que Gustavo Gatica, el joven que fue mutilado de ambos ojos por disparos de Carabinero, también en el marco de las movilizaciones del estallido social, denunciaba que el ex Teniente de Carabineros Claudio Crespo, acusado de ser el responsable de los disparos, denunció que el ex funcionario policial, suspendido por apremios ilegítimos , que ahora maneja una empresa de seguridad, ha recibido contratos del gobierno por 45 mil dolares aproximadamente. El ex funcionario es activista de ultraderecha y defensor de la libertad de los violadores de DDHH de la dictadura.
No obstante, la impunidad no es sólo en el ámbito policial. También durante el pasado mes de Julio, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva para el reconocido empresario Eduardo Macaya Zentilli, padre del senador UDI Javier Macaya,importante referente de la derecha conservadora acusado de abuso sexual de al menos 4 niñas. A cambio de una fianza de aprox 175 mil dólares, se le otorgó la prisión preventiva domiciliaria.
Abusadores sexuales de niños, Funcionarios policiales asesinos, todos en libertad, todos sin culpa y sin pagar por sus actos. Una muestra de la justicia chilena en tiempos de impunidad.
En otro juicio, a un joven mapuche acusado de robo y homicidio frustrado y porte de armas, el tribunal sentencia 47 años de carcel, con más de cinco penas sumadas.
La justicia no solo es ciega sino sorda y muda en esta franja de tierra. Cualquier problema se puede arreglar pagando fianzas o redactando marcos legales a la medida. Los pobres, comunidades en lucha y resistencia no están invitados a esta mesa.
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