Desde el mes de octubre de 2021, vastas zonas del sur de Chile están completamente militarizadas, rutas, caminos, cruces y puntos estratégicos están siendo constantemente vigilados y monitoreados por fuerzas armadas, en específico carabineros.
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Por Juan Ortega, periodista de Radio JGM
Esta medida iniciada en el gobierno de Piñera se justificaba ante la oleada de numerosos delitos de violencia rural, apropiaciones ilegales de predios forestales y robo y talaje ilegal de madera, en una zona donde el capital forestal tiene un latifundio seguro, subsidiado y ante los ojos de la sociedad, supuestamente “verde”, sustentable. Sabemos que no es así.
La militarización de un territorio amplio, que comprende dos regiones, muchas provincias y comunas, donde las comunidades ven invadido su espacio cotidiano con tropas armadas, controles y muestras de violencia, van tatuando una constante violencia de estado, justamente en tierras que tienen demandas ancestrales, en este caso por el pueblo mapuche, habitantes originarios de esas tierras.
Luego, en 2022, el gobierno de Boric, comprometido con desmilitarizar la zona en tiempos de campaña, no sólo no cumplió la oferta sino que además ha repetido la medida por más de un año y medio, renovando el estado de excepcion constitucional la medida con la complicidad del congreso que sostiene la estrategia por mayoría.
¿Quién se ha beneficiado con el estado de excepción constitucional en dicho territorio?
Cientos de funcionarios de las FFAA; financiados con nuestros impuestos, resguardando la seguridad de las vías y los campos de cultivo del capital forestal, ante la “entre comillas” amenaza del movimiento mapuche, de delincuentes y de narcotraficantes que han ido apareciendo en el wallmapu, durante estos años.
La semana pasada la opinión pública se enteró que gracias al trabajo de la policía civil se habían detenido a 11 miembros supuestos de la denominada Resistencia Mapuche Lafkenche, grupo armado de defensa territorial que ha llevado a cabo numerosos atentados en la zona. La información oficial señala que entre los detenidos habían 2 carabineros, uno en retiro y otro en funciones actualmente en la zona. Los funcionarios policiales cobraban por entregar información e insumos y participaban del circuito delictual permanentemente.
La prensa publica sus nombres y rápidamente se teoriza acerca de esta constante relación entre funcionarios policiales y la participación de grupos armados, que bajo el rótulo de violencia mapuche, se dedican a integrar y lucrar con delitos relacionados con el capital forestal. No es el primer caso, por años las comunidades han denunciado que la militarización de la zona ha sido un ecosistema ideal para la creación, conformación y actuación impune de bandas armadas, que usan las armas y pertrechos que llegan a la zona, para abastecerse de recursos, disputar territorio y llevar a cabo un cúmulo de estrategias criminales no siempre ligadas a las demandas de los pueblos originarios.
El gobierno y los medios dieron fuerte cobertura a este supuesto golpe a las organizaciones criminales. Y es que después de tantos meses seguidos de gasto militar contra el enemigo interno indígena, hay que mostrar resultados, hay que justificar que la medida funciona.
A pocos días de esta operación policial, un comunicado de la propia organización Resistencia Mapuche Lafkenche, desmintió que cualquiera de los 11 detenidos fuera parte de sus filas, y acusa un montaje gubernamental y comunicacional para desligitimación de sus demandas y para vincular a estas organizaciones mapuche a las bandas criminales que se han desarrollado con fuerza en el territorio.
Está claro que esta operación ha sido presentada como un gran golpe a los grupos delictuales de la zona y da cuenta de la infiltración que está presente en numerosas policías por la práctica criminal relacionada con el robo de madera. No obstante cabe preguntarse por los efectos de esta medida, de militarizar el wallmapu en las comunidades y sus habitantes.
Acaso es de extrañar, que policías y efectivos militares entrenados, cuyas instituciones llevan desfalcando y defraudando al estado chileno, con múltiples estrategias, desde los mandos más altos hasta funcionarios de base, puestas en una zona donde hay un abandono por parte del estado, llenos de armas, vehículos, pertrechos y equipamiento al lado de un tremendo flujo de capital, dolares creciendo en predios, como se ha dicho de forma irónica, terminen desarrollando estrategias criminales de control social. Todo lo anterior con la demanda mapuche como telón de fondo, crea el circo perfecto.
La violencia de estado, al servicio del capital privado, siempre va a generar corrupción, infiltración criminal y terrorismo. Extraño es que el propio gobierno y el parlamento sigan insistiendo en la militarización como único camino para pacificar el conflicto mapuche, extraño es que esta estrategia genere el campo perfecto para la proliferación de prácticas criminales, que siempre vienen de la mano de la infiltración policial.
¿Qué piensan los grupos económicos que viven de la explotación forestal y el subsidio que el estado les da ? ¿Qué impacto veremos en algunos años más, en las comunidades mapuches luego de esta ola de control militar que lo que deja es más violencia, crimen y el uso de armas de fuego como ley cotidiana?
A punto de cumplir dos años seguidos de militarización, deberíamos saber cuánto nos hemos gastado en miliitarizar el wallmapu, cuántas bandas criminales se han fortalecido bajo este período. No nos quejemos después del circo creado.
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