Prisión política y montajes policiales en Chile: Juicio justo para Nicolas Piña

En octubre de 2019 la policía disparaba y mutilaba a discreción en las calles de varias ciudades, en un intento de poner orden a las expresiones de movilización popular por condiciones de vida más dignas y justas.

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Por Juan Ortega, periodista de Radio JGM

 

 

Comienza el fin de octubre y los ecos de la revuelta popular que dieron inicio a este vértigo político siguen sonando en la opinión pública chilena. Como no hacer memoria y recordar que hace 4 años, en octubre de 2019 la policía disparaba y mutilaba a discreción en las calles de varias ciudades, en un intento de poner orden a las expresiones de movilización popular por condiciones de vida más dignas y justas.

Cómo no recordar que el 25 de octubre de ese año se producía la marcha más grande de la historia de Chile, con más de 1, 2 millones de personas en la capital, y miles más en todo el territorio, poniendo en jaque a la clase política en su totalidad. Consignas múltiples, ningún partido político.

Lamentablemente nos seguirá doliendo la lista de víctimas, que es larga, que aún no encuentran justicia y ven la impunidad reinante sobre los funcionarios del estado que violaron sus derechos. Los suicidios de más de 6 víctimas de trauma ocular, por el nulo seguimiento de sus casos, y el desamparo en que han quedado luego de un daño causado por el mismo estado, no son tema ni de la prensa oficial ni de la clase política, menos del gobierno que se ha empeñado en encarcelar a luchadores sociales. 

Cabe preguntarse ¿Por qué? ¿Qué busca el gobierno de Boric al movilizar fiscalías, abogados y recursos para mantener bajo juicios dudosos a ciertos luchadores entre las rejas.?

En ese manto de memoria, dolor y rabia, el caso del ingeniero Nicolas Piña, preso de la revuelta desde febrero de 2021 y con más de un año y medio de prisión preventiva, es un ejemplo de la injusticia reinante que da cuenta de la complicidad del poder judicial con un orden político que pretende, a toda costa, cerrar el capítulo de la revuelta. 

Acusado de incendiar un carro policial mientras participaba en una movilización, se transformó en uno de los detenidos emblemáticos del período, protagonizando un juicio que solo ha puesto en valor pruebas burdas de la policía para vincularlo a la manipulación de artefacto explosivo. 

Finalmente, en este mes un tribunal santiaguino lo condenó a 10 años de prisión, bajo los cargos de homicidio frustrado y lanzamiento de artefacto incendiario, dejando fuera del veredicto todas las pericias que lo absolvían de culpa, no considerando que las únicas pruebas que lo incriminan son declaraciones de carabineros infiltrados, cuyo relato dice que la imagen de un encapuchado sería Nicolás.

La defensa solicitó la contemplación de atenuantes, como lo son la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial con la investigación, sin embargo el sistema lo quiere preso.

Su detención se llevó a cabo de manera violenta y no ajustada a derecho, su conducta en prisión preventiva fue intachable, por lo mismo se acogió en marzo de este año, al beneficio de prisión nocturna domiciliaria. Además, ha demostrado tener un rol activo docente en la comunidad donde se desenvuelve, sin embargo el ministerio público y la fiscalía se han ensañado con mantenerlo en la cárcel. Nicolás además fue uno de los detenidos que recibió a Boric en el penal Santiago 1, cuando en su campaña presidencial visitó a los presos de la revuelta, ofreciendo procesos justos.

Los peritajes de las partes querellantes inclusive señalan que con las pruebas existentes no se logra establecer la participación de Nicolás Piña en el lugar de los hechos. ¿Por qué usar su caso como condena ejemplificadora? ¿Qué triunfo necesita este gobierno que se avalan montajes y mentiras de esta forma?

El problema es que no es el único caso donde el gobierno ha perseguido con especial alevosía a presos de la revuelta, para cumplir con generar condenas ligadas al estallido social, cual trofeo penal que apacigüe a la clase política.

Nicolás Piña es un símbolo de la revuelta, su claridad política, la lucha de su familia, en especial de su madre y su ejemplo han sido fundamentales para sostener las demandas por justicia y por verdad del funcionamiento de la brigada de carabineros “Intramarchas”, sobre la cuál ya existen antecedentes de montajes y juicios sostenidos en base a mentiras.

Nicolás Piña es un preso político y necesita de un nuevo juicio justo, algo que en Chile no está garantizado para estos casos.  La injustificada persecución política hacia él y su familia, los llevó a dejar la casa familiar como “caución” judicial, para asegurar que se modificara la medida cautelar a inicios de este año, algo que no se les pide ni siquiera a los narcotraficantes o peores criminales. 

¿Qué se busca perseguir? ¿Qué se busca acallar? ¿Qué ejemplo pretende dar el gobierno con la complicidad de fiscales, jueces y policías?

En Chile octubre sigue doliendo: la injusticia cotidiana exige recuperar la dignidad de nuestros luchadores. Las víctimas siguen siendo vulneradas con cada día de impunidad y de montajes. Por las cientos de familias afectadas, por la familia de Nicolás Piña. Justicia Ya.

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