El alto comisionado de la ONU advirtió que los cortes de calles no justifican la represión

Victoria Darraidou Coordinadora De seguridad Democrática del CELS, se refirió a la audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que participo el gobierno de Javier Milei.

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Se trata de la reunión solicitada por organizaciones gremiales, sociales y de derechos humanos, para analizar el tratamiento que el Gobierno le da a la protesta social y a la libertad de expresión.

En ese marco, el representante para América del Sur de la ONU, Jan Jarab expresó su preocupación por la falta de garantías al derecho de reunión pacífica, la libertad de opinión y de expresión

Además señaló que “el impedimento a la circulación se constituye como un elemento natural del ejercicio del derecho a la protesta” y remarcó que esto “no pone en entredicho su protección por parte del derecho internacional”. 

En este sentido, Jarab, puntualizó que el derecho a la protesta debe ser reconocido como una herramienta democrática vital importante para la conquista de otros derechos, una característica que la libertad de circulación no tiene. 

Por eso señaló que “la mera interrupción de actividades diarias no constituye violencia y no habilita por sí misma la dispersión ni la actuación de las fuerzas de seguridad”. 

Con respecto a la manifestación del 12 de junio, advirtió que el “protocolo antipiquetes” fue aplicado contra manifestantes pacíficos con el objetivo de dispersar la reunión. Además señaló un uso excesivo de la fuerza, no acorde con las guías internacionales para el uso de “armas menos letales”. 

Por otro lado, afirmó que la existencia de hechos violentos individuales no justifica tratar a la reunión en su conjunto como violenta. Mucho menos, la utilización de conceptos como “terroristas” o “perpetradores de golpes de Estado” para referirse a quienes se manifiestan. 

Sobre la detención de 33 manifestantes en la Marcha contra la Ley Bases, afirmó que la fiscalía pidió prisiones preventivas sin presentar pruebas ni fundamentos sólidos que sostuvieran tal solicitud. Además expresó su preocupación sobre la falta de independencia de fiscales y jueces, que se basaron en declaraciones del poder ejecutivo en redes para justificar las detenciones. 

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