1F. Movilización a la Corte Suprema

El primero de febrero se realizará una marcha frente al Palacio de Tribunales para reclamar el recambio de sus integrantes y denunciar el proceso de lawfare.

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Históricamente la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial han sido objeto de muchas críticas. Tanto por su posicionamiento político como en el funcionamiento cotidiano. En materia de derechos humanos ha cajoneado causas de Lesa Humanidad y, en la época del macrismo, ha demostrado estar a favor de las políticas de ajuste y represión, como también la persecución de dirigentes sociales. Por eso, este primero de febrero se realizará una marcha para denunciar todas estas maniobras que impiden tener un sistema de justicia democrático.

Una de las consignas apunta al armado de causas y la persecución que llevó a adelante la Corte Suprema contra dirigentes sociales. Desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos han publicado un listado de quienes están actualmente privados de la libertad por razones políticas. José Schulman, presidente de la LADH, aseguró que “marchamos para gritar bien fuerte, para exigir y reclamar con todas nuestras fuerza que se termine la manipulación del sistema de justicia que ejerce la Corte Suprema”. 

Sobre el rol que tuvo la Corte Suprema en la época del macrismo, declaró que “fue fundamental para las políticas de ajustes y represión de entrega de nuestras riquezas y de sumisión ante el imperialismo norteamericano de la banda de los Macri, las Vidal, los Bullrich y los Ceos de las empresas monopólicas que nos gobernaron y nos saquearon desde el 2015 al 2019. También amparó a Bonadío en causas fraudulentas con falsos testigos, con pistas plantadas por los espías de la AFI, que terminaron encerrando a más de 40 compañeros como presos políticos”. 

Además manifestó que el máximo tribunal judicial “apoyó al juez criminal brasilero Moro, que dijo que había que encerrar a Lula aunque no haya prueba” y denunció que “saboteo los juicios de Lesa Humanidad y que puntualmente retuvo en un cajón la causas contra dos los dos asesinos de nuestro negrito avellaneda por 8 años”. Por otro lado, visibilizó que “la Corte se fija el sueldo, no paga impuestos, se caga en la Ley Micaela”. 

“Es hora que se vayan, que los echemos y que renuncien. El primero de febrero marchamos para comenzar a recuperar la democracia”, exclamó Schulman.

En sintonía, Luciana Bertoia, periodista,  politóloga y magíster en DDHH habló sobre otro de los reclamos que exponen el rol de la Corte Suprema con respecto a las causas vinculadas con delitos de Lesa Humanidad cometidos durante los años de terrorismo de Estado. “Demostraron, en los últimos meses, que pudieron cajonear una causa emblemática de responsabilidad empresarial con crímenes de Lesa Humanidad, como es la que como imputado central a Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño de Ledesma, recordemos que en la zona de influencia del Ingenio Ledesma, se produjeron secuestros, desaparición, torturas, de los habitantes de ese área”.

Profundizando en la causa, contó que “Blaquier fue procesado por delitos en el año 2012. En 2013 esta decisión fue confirmada por la Cámara Federal de Salta, a partir de ese momento podía ser elevado a juicio, no lo fue porque contó con una ayuda inestimable de la Cámara Federal de Casación que en marzo de 2015 revocó los procesamientos y dictó una falta de mérito. Esto lo que hizo fue frenar la causa y al poco tiempo fue a la Corte Suprema. Recién resolvió en julio del 2021 para decir que Casación estaba mal hecho, que había obstruido indebidamente el proceso. La consecuencia de esto: Blaquier tiene 94 años y ahora el Cuerpo Médico Forense y los peritos de la Querella están diciendo que no está en condiciones de afrontar un juicio. Cuando la Corte usa los tiempos como quiere, cuando no presta atención a las causas está recitando justicia”. 

Además sentenció que “hasta ahora no conoces una propuesta del Gobierno Nacional para modificar el funcionamiento, no ha avanzado la designación de un reemplazante para Elena Highton que dejó el Tribunal el año pasado” y agregó que “La marcha de febrero  quizás sea una forma de volver a poner en debate cuáles son las necesidades para una corte en estos tiempos para una Corte democrática”.

Por su parte, Juan María Ramos Padilla, Juez de la Cámara del Tribunal Oral Nº 29 de la ciudad de Buenos Aires, quien promovió la iniciativa, afirmó que “hoy muy pocos podrían sostener que este Poder Judicial ha sido útil para esta República. Fue diseñado para proteger la oligarquía vacuna y hoy lo hace para proteger a los intereses foráneos y cipayos. Poco hace por nuestro pueblo y para defender nuestros recursos”. 

“Sabemos cómo han atacado a los dirigentes gremiales, como se maltrata a los vulnerables cuando concurren a pedir el servicio del Poder Judicial, como se maltrata a la mujer, quien va a pedir que le tomen la denuncia por haber sido golpeada. Sabemos cómo ha permitido que ese gobierno neoliberal reciente nos endeude y lo paguemos todos en 47 mil millones de dólares de un día para el otro, para no hacer absolutamente nada y solo llevárselo”, señaló Ramos Padilla. 

Finalmente sostuvo que “debemos tener un Poder Judicial de servicio, un Poder Judicial que no sea de privilegio, que defienda a sus trabajadores, a los más vulnerables, que tenga conciencia de género y se ocupe de los pibes que necesitan mejor educación y servicio de salud” y añadió “hoy es absolutamente necesario comenzar a realizar ese sueño de tener ese Poder Judicial para que todos seamos iguales”. 

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